La maestra jubilada Rosa Lilia Cardona Muñoz denunció públicamente que, por tercera ocasión consecutiva, le fue retenido el pago correspondiente al Bono Docente, situación que atribuyó a una presunta represalia política y sindical por parte de dirigentes de la Sección 8 del SNTE y autoridades de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).
De acuerdo con el posicionamiento difundido por la docente, la negativa ocurre luego de haber participado activamente, junto con otros maestros jubilados democráticos, en movimientos y movilizaciones para exigir mejoras en las prestaciones económicas destinadas al magisterio retirado.
Cardona Muñoz recordó que desde el año 2022 impulsó junto con otros docentes el incremento al Bono Docente, cuyo monto —asegura— permaneció congelado durante casi dos décadas. Asimismo, destacó que mediante presión y movilizaciones lograron que el pago del bono dejara de entregarse en diciembre y comenzara a dispersarse cada 15 de mayo.
La maestra también señaló que uno de los logros recientes del movimiento magisterial fue el aumento del bono anual de 2 mil 700 a 3 mil pesos, así como el proceso de homologación del beneficio entre la Sección 8 y la Sección 42 del SNTE, lo que habría beneficiado a más de 6 mil 200 maestros jubilados tan solo en Chihuahua capital, además de extenderse a otras 15 delegaciones de jubilados en el estado.
Sin embargo, acusó que pese a esos resultados, actualmente existe un ambiente de persecución interna contra quienes participaron en las exigencias sindicales.
“Parece que los que acompañamos las demandas por mejores prestaciones para los jubilados y pensionados de la Sección 8 estamos siendo objeto de represión”, expresó.
La docente responsabilizó directamente al secretario general de la Sección 8, profesor Eduardo Antonio Zendejas Amparán, de actuar en contubernio con autoridades educativas para impedir la entrega del bono tanto a ella como a otros integrantes del movimiento magisterial.
Según explicó, además de su caso, el maestro Jesús Arroyo Rodríguez y otros 37 docentes también habrían sido afectados con la retención del beneficio económico.
En el mismo pronunciamiento, se señala que la secretaria general de la DIV1, maestra Adela Villalobos, reconoció desconocer las razones por las cuales fueron retenidos los cheques correspondientes.
Cardona Muñoz criticó además la actuación de la dirigencia sindical al considerar que no existe defensa real de los agremiados y que prevalecen intereses personales por encima de las necesidades del magisterio.
“La legitimidad de una organización sindical se constituye por resultados concretos. Un sindicato democrático tiene el deber de rendir cuentas y defender a sus agremiados”, sostuvo.
La maestra afirmó que las negociaciones sindicales deben traducirse en mejores condiciones laborales y económicas para los trabajadores, y advirtió que no debe permitirse la represión institucional contra liderazgos disidentes dentro de la organización sindical.
Hasta el momento, ni la dirigencia de la Sección 8 del SNTE ni SEECH han emitido una postura oficial respecto a los señalamientos realizados por la docente jubilada.